Es sin duda el tema del momento. El coste de la energía y del suministro eléctrico en el sector agroalimentario sigue creciendo continuamente. La liberalización del mercado eléctrico en 2008 ya supuso un incremento de costes muy importante, sobre todo para los regantes, cuyo coste eléctrico se incrementó un 60% en un año. La última reforma eléctrica propuesta por el gobierno parece ser la puntilla. La industria de alimentación y bebidas ha mostrado recientemente su rechazo a la reforma energética. Los ganaderos han convocado movilizaciones por las consecuencias de dicha reforma sobre las plantas de tratamiento de purines. Los regantes también. El resto de operadores no tardará en salir a la palestra con este tema.
El caso de los regantes resulta especialmente triste. Después de varios años, sigue sin afrontarse el brutal incremento de los costes de producción en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La agricultura de regadío, nuestra joya de la corona, lo tiene cada día más difícil. Para colmo, los planes de modernización de los regadíos se hicieron durante años en base a un ahorro de agua (no de energía) y mientras el coste energético sigue subiendo, muchos de ellos, dejan de ser rentables. La propuesta que las organizaciones profesionales agrarias y las Cooperativas pusieron encima de la mesa a los dirigentes del Ministerio de Agricultura a finales de 2010 recogía una serie de medidas que, de haberse implementado, hoy nuestro sector agroalimentario estaría mucho más preparado frente a nuevas subidas del coste energético, sería más competitivo y, además, más sostenible.
La propuesta incluía 2 grandes medidas. Los contratos de temporada para reducir el coste en la factura de los regantes mediante su adaptación a las peculiaridades de los usuarios y la apuesta clara por la generación distribuida de energía renovable que, por la vía del balance neto (modelo utilizado en países como Italia, Dinamarca, Estados Unidos o Japón) permitiera a agricultores y ganaderos producir su propia energía renovable durante todo el año, verterla a la red y, finalmente, disponer de ella en los momentos de máxima utilización como las campañas de riego. La primera de ellas llegó al Consejo de Ministros y nadie la defendió, por lo que ahora andará en algún cajón del Ministerio cogiendo polvo. La segunda, que requería el trabajo en común de Ministerio de Agricultura y Ministerio de Industria, fue literalmente imposible de poner en marcha. Ahora, cuando una nueva reforma eléctrica levanta de nuevo al sector y Cañete anuncia estar estudiando medidas para los regantes, uno se acuerda de las oportunidades perdidas en el pasado…
Es sin duda el tema del momento. El coste de la energía y del suministro eléctrico en el sector agroalimentario sigue creciendo continuamente. La liberalización del mercado eléctrico en 2008 ya supuso un incremento de costes muy importante, sobre todo para los regantes, cuyo coste eléctrico se incrementó un 60% en un año. La última reforma eléctrica propuesta por el gobierno parece ser la puntilla. La industria de alimentación y bebidas ha mostrado recientemente su rechazo a la reforma energética. Los ganaderos han convocado movilizaciones por las consecuencias de dicha reforma sobre las plantas de tratamiento de purines. Los regantes también. El resto de operadores no tardará en salir a la palestra con este tema.
El caso de los regantes resulta especialmente triste. Después de varios años, sigue sin afrontarse el brutal incremento de los costes de producción en las explotaciones agrícolas y ganaderas. La agricultura de regadío, nuestra joya de la corona, lo tiene cada día más difícil. Para colmo, los planes de modernización de los regadíos se hicieron durante años en base a un ahorro de agua (no de energía) y mientras el coste energético sigue subiendo, muchos de ellos, dejan de ser rentables. La propuesta que las organizaciones profesionales agrarias y las Cooperativas pusieron encima de la mesa a los dirigentes del Ministerio de Agricultura a finales de 2010 recogía una serie de medidas que, de haberse implementado, hoy nuestro sector agroalimentario estaría mucho más preparado frente a nuevas subidas del coste energético, sería más competitivo y, además, más sostenible.
La propuesta incluía 2 grandes medidas. Los contratos de temporada para reducir el coste en la factura de los regantes mediante su adaptación a las peculiaridades de los usuarios y la apuesta clara por la generación distribuida de energía renovable que, por la vía del balance neto (modelo utilizado en países como Italia, Dinamarca, Estados Unidos o Japón) permitiera a agricultores y ganaderos producir su propia energía renovable durante todo el año, verterla a la red y, finalmente, disponer de ella en los momentos de máxima utilización como las campañas de riego. La primera de ellas llegó al Consejo de Ministros y nadie la defendió, por lo que ahora andará en algún cajón del Ministerio cogiendo polvo. La segunda, que requería el trabajo en común de Ministerio de Agricultura y Ministerio de Industria, fue literalmente imposible de poner en marcha. Ahora, cuando una nueva reforma eléctrica levanta de nuevo al sector y Cañete anuncia estar estudiando medidas para los regantes, uno se acuerda de las oportunidades perdidas en el pasado…